El presidente Isaac Herzog desveló el miércoles su propuesta de “Marco Popular” para sustituir los planes del gobierno de revisar radicalmente el sistema judicial, en un discurso en horario de máxima audiencia a la nación en el que instó a ambas partes del debate a “no destruir el país” en una lucha de poder sobre el poder judicial, sino aprovechar la oportunidad de “un momento constitucional formativo”.
Herzog calificó su plan, elaborado tras cientos de horas de deliberaciones en las últimas semanas con políticos, juristas y expertos de todo el espectro político, de “camino de oro” que ofrece la mejor oportunidad para un amplio acuerdo nacional sobre la reforma. “Este marco protege a todos y cada uno de ustedes, los ciudadanos de Israel”, dijo. “Este marco protege a Israel como Estado judío y democrático”.
Advirtió que, tras haber escuchado de primera mano de cientos de israelíes en las últimas semanas sus apasionadas opiniones sobre la controversia en torno a la radical legislación de la coalición sobre la reforma judicial, “quienes piensan que una guerra civil real, con vidas humanas, es una frontera que no cruzaremos, no tienen ni idea.” En el 75 aniversario de Israel, “el abismo está al alcance de la mano”, dijo. “Una guerra civil es una línea roja. A cualquier precio, y por cualquier medio, no dejaré que ocurra”.
Dijo que había oído “odio real y profundo”, aunque de “una minoría muy pequeña de gente… He oído a gente, de todos los bandos, que, Dios no lo quiera, la idea de sangre en las calles ya no les escandaliza”.
Poco después de que Herzog publicara su oferta, y antes de partir de visita a Berlín, el Primer Ministro Benjamin Netanyahu la rechazó.
“Las cosas que propone el presidente no fueron acordadas por la coalición, y elementos centrales de la propuesta que ofreció no hacen más que perpetuar la situación existente, y no aportan el equilibrio necesario entre las ramas”, dijo el primer ministro.
El líder de la oposición, Yair Lapid, de Yesh Atid, felicitó a Herzog por su marco y prometió considerarlo con “respeto por su posición, la seriedad con la que fue redactado y los valores en los que se basa”.
El partido de la oposición Unidad Nacional, dirigido por Benny Gantz, por el contrario, dijo que “acepta el marco del presidente como una pieza” y “como base para la legislación, en lugar del peligroso esquema legislativo existente” que la coalición está avanzando.
El marco propuesto por el presidente, que se publicó mientras hablaba en un nuevo sitio web (en hebreo), aborda aspectos críticos de la relación entre los poderes del Estado israelí, como dar mayor peso constitucional a las Leyes Fundamentales de Israel, la forma de seleccionar a los jueces, la revisión judicial de la legislación de la Knesset y la autoridad de los asesores jurídicos del gobierno y del fiscal general. También consagraría en las Leyes Fundamentales algunos derechos civiles fundamentales que actualmente no están explícitamente protegidos.
Selección de jueces
Según las propuestas de Herzog, ninguna rama del gobierno podría nombrar jueces sin la aportación de otra rama. La coalición no tendría mayoría automática en el comité, como propone la legislación del gobierno, que avanza rápidamente, pero el poder judicial perdería también su poder de veto sobre los nombramientos.
El Comité de Selección Judicial estaría compuesto por 11 miembros, en el que el Gobierno y la coalición tendrían cuatro representantes (tres ministros y un MK); el poder judicial tendría tres miembros (el presidente del Tribunal Supremo y otros dos jueces); la oposición tendría dos miembros de dos partidos diferentes; y el ministro de Justicia nombraría a dos juristas para el panel, con el acuerdo del presidente del Tribunal Supremo.
Los nombramientos para el Tribunal Supremo y los tribunales inferiores requerirían una mayoría de siete de los once miembros del comité. Esto significa que la coalición no tendría el control absoluto que pretende sobre el nombramiento de los magistrados, pero éstos tampoco conservarían el derecho de veto sobre los nombramientos judiciales que tienen tanto ellos como la coalición en el actual comité.
El presidente del Tribunal Supremo sería elegido por el sistema de antigüedad, como ocurre en la actualidad, a diferencia de las propuestas del Gobierno -aún no avanzadas en la legislación- de que sea el Comité de Selección Judicial el que elija al presidente del tribunal.
Mayor peso constitucional para las Leyes Fundamentales
El marco de Herzog instituiría un sistema rígido para la aprobación de las Leyes Fundamentales, dándoles mayor rango constitucional. Según el plan, las Leyes Fundamentales no estarían sujetas a revisión judicial.
La aprobación de una Ley Fundamental requeriría cuatro lecturas en la Knesset. Las tres primeras podrían ser aprobadas por 61 diputados, pero la cuarta necesitaría la aprobación de 80 diputados. Alternativamente, la cuarta lectura podría tener lugar en la siguiente Knesset, es decir, después de las nuevas elecciones, y entonces sólo necesitaría la aprobación de 70 MK.
Cualquier cambio en la ley electoral requeriría la aprobación de 80 MK en cada una de las cuatro lecturas.
Las Leyes Básicas existentes se “atrincherarían”, es decir, se volverían a legislar con una mayoría considerable, aunque el esquema publicado el miércoles por la noche no especificaba cómo ocurriría eso.
Además, el plan de Herzog prevé la aprobación de la Ley Fundamental: Legislación, pero el esbozo tampoco proporciona detalles al respecto.
El plan del presidente también consagraría en la Ley Básica: Dignidad Humana y Libertad el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación, así como los derechos a la libertad de expresión, opinión, protesta y reunión, que no están explícitamente protegidos en las Leyes Fundamentales de Israel.
También se iniciaría un proceso de redacción de una Constitución y se elaboraría una declaración de derechos “mediante un amplio consenso”.
Revisión judicial
La revisión judicial en el marco del presidente estaría sujeta a algunas restricciones nuevas, pero serían mucho menos estrictas que las de las propuestas actuales del gobierno.
El Tribunal Superior de Justicia podría revocar la legislación de la Knesset por mayoría de dos tercios de un panel de 11 jueces. El proyecto del gobierno exige una mayoría del 80% de los 15 jueces del Tribunal Supremo.
Resulta crítico que el plan de Herzog no incluya ninguna disposición para la anulación del Alto Tribunal, que constituye un componente clave de la legislación actual del gobierno, por la que la Knesset puede hacer que cualquier legislación sea preventivamente inmune a la revisión judicial con un voto de sólo 61 MK en tres lecturas, o volver a legislar una ley si el tribunal la anula.
El plan del presidente propone, sin embargo, consagrar en una Ley Básica un acuerdo para el servicio militar y nacional que no estaría sujeto a revisión judicial. Esto permitiría esencialmente a la Knesset anclar en la Constitución el derecho de los estudiantes ultraortodoxos de la yeshiva a obtener exenciones del servicio en las FDI, una cuestión extremadamente divisiva que ha dividido al país durante décadas.
Los partidos políticos ultraortodoxos han insistido implacablemente en que se incluya una cláusula de anulación en la revisión judicial para garantizar que los jóvenes de la comunidad no tengan que alistarse en las FDI. La propuesta de Herzog está diseñada para abordar esa cuestión sin permitir que la Knesset anule al Alto Tribunal en otras cuestiones y derechos.
El Alto Tribunal seguiría ejerciendo el control judicial sobre los derechos derivados de la Ley Fundamental de Israel: Dignidad y Libertad Humanas, pero no enumerados explícitamente en dicha ley. Por el contrario, la legislación actual del gobierno prohibiría al tribunal hacerlo, dejando desprotegidos derechos básicos como la libertad de expresión y la libertad religiosa.
Razonabilidad
El marco de Herzog impediría al Alto Tribunal utilizar la prueba judicial de la razonabilidad para revocar resoluciones y decisiones políticas del Gobierno, así como el nombramiento de ministros.
Esta ha sido una de las principales quejas de la derecha contra el sistema jurídico, sobre todo en la reciente decisión del Tribunal Supremo que impide al líder del Shas, Aryeh Deri, ocupar un cargo ministerial.
El tribunal podría seguir aplicando la prueba de la razonabilidad a las decisiones políticas ministeriales y a las actuaciones de otras instituciones y organismos estatales, como los consejos municipales locales y las autoridades estatales.
Asesores jurídicos del Gobierno
El nuevo marco jurídico y judicial propuesto por el Presidente mantendría el estatus de los asesores jurídicos del Gobierno como funcionarios profesionales bajo la égida del Ministerio de Justicia, a diferencia de los planes del Gobierno de convertirlos en cargos políticos.
Los defensores del plan de reforma del gobierno se quejan de la intervención del fiscal general y de los asesores jurídicos ministeriales, que, según ellos, anulan con facilidad y frecuencia las iniciativas políticas de los ministros electos, ya que sus posiciones escritas son vinculantes para el gobierno.
En un guiño a esta preocupación, el plan de Herzog propone que un asesor jurídico ministerial pueda ser destituido de su cargo si tiene desacuerdos sustantivos y continuos con el ministro, previa aprobación de un comité especial.
Sin embargo, las posiciones declaradas del fiscal general y de los asesores jurídicos ministeriales seguirían siendo vinculantes. Pero en otro intento de responder a las preocupaciones de los defensores de la reforma judicial, un ministro podría obtener asesoramiento independiente en los procedimientos judiciales en los que su ministerio esté implicado si el fiscal general o el asesor jurídico ministerial se opusieran a la postura del ministro.
Esto es actualmente imposible con el sistema actual, sin la aprobación del fiscal general.
“Nos encontramos en medio de una crisis profunda y preocupante”, dijo Herzog durante su discurso de presentación de su nuevo marco. “Pero creo de todo corazón que hoy también nos enfrentamos a una gran oportunidad histórica”.
Calificó su plan de “oportunidad para un arreglo constitucional equilibrado e inteligente y un acuerdo sobre las relaciones entre los poderes del Estado en nuestro país judío y democrático, en nuestro amado país”.
“Estamos en una encrucijada: una crisis histórica o un momento constitucional decisivo”.
Dijo que las FDI debían mantenerse al margen de las disputas políticas, y que no había lugar para la negativa a servir.
Y afirmó que la mayoría de los israelíes apoyan un marco para la reforma judicial “que aporte tanto justicia como paz, la mayoría de los israelíes quieren un marco equilibrado que establezca de una vez por todas el equilibrio entre los poderes del Estado, la mayoría de los israelíes quieren un acuerdo amplio, y la mayoría de los israelíes quieren vivir seguros y bien”. Su marco, dijo, satisface esas necesidades. “No es un marco presidencial; es el marco del pueblo… una victoria para todo Israel”.
La semana pasada, Herzog denunció la actual legislación de reforma judicial del gobierno como “opresiva” y perjudicial para la democracia, y pidió que fuera abandonada inmediatamente y sustituida por un marco de reforma consensuado.
El presidente dijo en ese discurso que la crisis nacional por el intento de la coalición de debilitar el poder judicial era “un desastre” y “una pesadilla”. Insistió en que era responsabilidad de “los líderes del Estado” en el gobierno dejar de lado la vertiginosa carga legislativa para que el país no descendiera a un abismo social y constitucional.