En un histórico fallo, el Tribunal Superior de Justicia ha determinado que los hombres que han optado por la conversión no ortodoxa al judaísmo tienen derecho a la circuncisión financiada por el Estado. Esta decisión marca el fin de una prolongada lucha legal de 14 años por la igualdad de trato para aquellos que eligen un camino menos convencional hacia el judaísmo.
La cuestión giraba en torno al brit milá, el ritual de la circuncisión, y su financiamiento por parte del Estado para aquellos que se convierten al judaísmo de manera no ortodoxa. El Tribunal Superior de Justicia, en respuesta a una petición de igualdad presentada en 2009, ha dictaminado que los hombres reconocidos por haber pasado por una conversión no ortodoxa tienen el mismo derecho a este beneficio que aquellos que eligen la ortodoxia.
La sentencia resalta que, aunque el Estado no está obligado a financiar el procedimiento de circuncisión como parte del proceso de conversión, cuando decide hacerlo, debe hacerlo garantizando la igualdad y respetando la libertad religiosa de aquellos que enfrentan la elección entre diferentes procesos de conversión. La jueza Daphne Barak-Erez, al emitir la decisión, enfatizó la importancia de tratar a todos los ciudadanos con equidad y respeto por sus elecciones religiosas.
La Gran Rabinato de Israel, que reconoce solo las conversiones ortodoxas al judaísmo, ha sido objeto de críticas en los últimos años debido a lo que muchos consideran discriminación hacia las denominaciones no ortodoxas. La decisión del Tribunal Superior se suma a una serie de avances legales destinados a garantizar la igualdad en el reconocimiento de las conversiones judías.
Orly Erez-Likhovski, directora ejecutiva del Centro de Acción Religiosa de Israel, el brazo legal del movimiento reformista en el país, celebró la sentencia como un fin a la «multa de facto» que enfrentaban aquellos que optaban por una conversión no ortodoxa, refiriéndose al costo significativo de la circuncisión, que puede ascender a miles de shekels.
El Movimiento Masorti en Israel, junto con el Centro de Acción Religiosa de Israel, iniciaron la petición en 2009, y tras una suspensión inicial en espera de reformas más amplias en el reconocimiento estatal de las conversiones al judaísmo, el Tribunal Superior reactivó la apelación en 2021, tras un fallo que ordenó al Estado reconocer las conversiones no ortodoxas realizadas en Israel.
Este fallo no solo representa un paso significativo hacia la igualdad religiosa en Israel, sino que también destaca la importancia de la justicia en el reconocimiento y respeto de las diversas prácticas religiosas en una sociedad multicultural. Se espera que esta decisión impulse cambios más amplios en la política gubernamental en relación con las conversiones al judaísmo, reparando lagunas legales y promoviendo la igualdad entre los ciudadanos en el Estado de Israel.