La tensión entre los judíos ultraortodoxos (haredim) y el Estado de Israel ha alcanzado un nuevo punto crítico tras las declaraciones del líder del partido Judaísmo Unido de la Torá (UTJ), Yitzhak Goldknopf. El dirigente jasídico advirtió que, si las autoridades israelíes continúan arrestando a estudiantes de yeshivá por evadir el servicio militar obligatorio, la comunidad haredí considerará abandonar el país. Esta amenaza se produce en medio de una crisis política, social y militar que pone a prueba los equilibrios fundamentales del sistema israelí.
El servicio militar obligatorio es uno de los pilares del Estado israelí, pero históricamente los varones haredim han estado exentos gracias a acuerdos políticos. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dictaminado recientemente que esas exenciones violan los principios de igualdad, abriendo una batalla frontal entre los partidos ultraortodoxos y otros sectores del gobierno y la sociedad.
La amenaza de un éxodo ultraortodoxo
En una entrevista con el periódico Makor Rishon, Yitzhak Goldknopf declaró que “si no hay otra opción y los ultraortodoxos tienen que abandonar el país, entonces abandonarán el país”. Con estas palabras, el líder del UTJ dejó clara su postura frente a la posibilidad de que el Estado imponga el servicio militar a los estudiantes de yeshivá.
Según Goldknopf, “los ultraortodoxos no cambiarán su estilo de vida porque hay un ejército y una guerra”. También señaló que “hay quienes se alistarán”, pero que no se puede obligar a toda su comunidad a hacerlo.
Estas declaraciones llegan después de que varios estudiantes haredim fueran arrestados por negarse a alistarse, lo que generó una oleada de indignación en sectores religiosos. Actualmente, se estima que unos 80.000 hombres ultraortodoxos entre 18 y 24 años cumplen los requisitos para el servicio militar, pero están exentos por estudiar en instituciones religiosas.
La postura del gobierno y el ejército
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han advertido que necesitan con urgencia 12.000 nuevos reclutas, debido a la sobrecarga de las fuerzas permanentes y de reserva provocada por el conflicto prolongado en Gaza y otros frentes abiertos. No obstante, solo 2.700 haredim se alistaron durante el último año, muy por debajo del objetivo de 4.800 marcado por las FDI.
Esta situación ha generado un debate candente sobre la equidad del sistema de reclutamiento. Mientras los soldados regulares —muchos de ellos también religiosos— arriesgan sus vidas, una parte significativa de la población permanece exenta, alimentando sentimientos de injusticia social.
El ministro de Finanzas Bezalel Smotrich criticó duramente a Goldknopf por sus declaraciones, afirmando que “debería estar avergonzado” y que “quien se excluye del colectivo es un incrédulo”. Por su parte, el líder de la oposición, Yair Lapid, calificó como “repugnante mentira” la afirmación de Goldknopf de que hay miles de evasores del servicio en Tel Aviv.
Las consecuencias políticas
La disputa por el servicio militar ha tenido consecuencias directas en la estabilidad de la coalición gobernante. La semana pasada, UTJ se retiró de la coalición al recibir el borrador de una ley de alistamiento elaborado por Yuli Edelstein, entonces presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset. El partido argumentó que la propuesta violaba los términos de un acuerdo previo alcanzado con el gobierno de Netanyahu.
Shas, el otro partido ultraortodoxo (sefardí), también abandonó temporalmente el gobierno, aunque sigue formando parte de la coalición. Esto deja al primer ministro Benjamin Netanyahu en una posición delicada, obligado a negociar con sus socios religiosos para evitar una ruptura definitiva.
Reacciones en la sociedad israelí
La crisis ha desatado un debate nacional sobre el papel de los ultraortodoxos en el Estado y su contribución a la defensa del país. Mientras una parte de la sociedad reclama igualdad de responsabilidades, otra defiende el derecho de los haredim a mantener su estilo de vida centrado en el estudio religioso.
El propio Goldknopf fue blanco de críticas cuando, en marzo, se difundió un vídeo suyo bailando en una boda con una canción antisionista y contraria al alistamiento militar. Este tipo de incidentes solo aumenta la percepción de desconexión entre los haredim y el resto de la sociedad israelí.
Además, sus palabras de desdén hacia las dificultades de otros ciudadanos israelíes que sí cumplen el servicio —“No me traigas tus penas ni me las cargues. Decidamos que cada uno tiene su propia carga”— fueron percibidas como una falta de empatía hacia los soldados caídos y sus familias.
El fallo del Tribunal Supremo y la presión legal
En el centro del conflicto está la decisión del Tribunal Supremo de Israel, que en 2023 declaró ilegales las exenciones masivas a los haredim por motivos religiosos, al considerarlas discriminatorias.
Este fallo obliga al gobierno a legislar una nueva ley que regule el servicio militar de manera igualitaria. Sin embargo, las presiones políticas y religiosas han impedido alcanzar un consenso, generando un vacío legal y una creciente tensión social.
Los partidos haredim, conscientes de su poder en la coalición de Netanyahu, han condicionado su apoyo a la aprobación de una ley que garantice la continuidad de las exenciones para la mayoría de sus miembros. En caso contrario, amenazan con romper la coalición o incluso emigrar en masa del país.
Cambios en el liderazgo parlamentario
En un intento por apaciguar a los partidos ultraortodoxos, los diputados del Likud votaron para reemplazar a Yuli Edelstein por Boaz Bismuth como presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa. Edelstein era visto como un obstáculo por exigir sanciones a los evasores del servicio y a las yeshivot que los albergan.
No obstante, esta maniobra no fue suficiente. Desde el UTJ, figuras como Yitzhak Pindrus y Moshe Roth dejaron claro que no les importa quién presida el comité, sino que exigen una ley concreta que les garantice protección legal.
Una encuesta del Canal 13 reveló que el 44% de los israelíes se opone a la destitución de Edelstein, frente a un 26% que lo apoya. Para muchos ciudadanos, la decisión de Netanyahu responde únicamente al interés de mantener la frágil alianza con los partidos religiosos.
Estrategias de Netanyahu: ley y elecciones
Según el Canal 12, el primer ministro Netanyahu planea aprobar la ley en septiembre de 2025 y luego convocar elecciones anticipadas para septiembre de 2026, dos meses antes de lo previsto.
Esto le daría tiempo para recomponer la coalición y ofrecer una solución temporal a los haredim, asegurando su apoyo político mientras calma la indignación pública por la desigualdad en el servicio militar.
No obstante, esta estrategia también implica riesgos. Una parte del electorado, especialmente los votantes seculares y tradicionales, podría interpretar estos movimientos como una claudicación ante los sectores más radicales del judaísmo político.
La postura de Shas: más flexible que UTJ
Mientras UTJ mantiene una postura firme, el partido Shas, liderado por Aryeh Deri, ha mostrado mayor disposición al diálogo. Según la emisora Kan, Shas estaría dispuesto a regresar al gobierno si se concreta el reemplazo de Edelstein, aunque todavía no hay una decisión oficial.
Una fuente interna de Shas declaró a The Times of Israel que “todo depende de lo que decida el Consejo de Eruditos de la Torá”, máxima autoridad espiritual del partido. Esto indica que Shas aún no ha cerrado la puerta a un compromiso político, aunque su regreso definitivo depende de factores religiosos internos.
La amenaza de una emigración masiva de los judíos ultraortodoxos por el conflicto del servicio militar revela las profundas fisuras que dividen a la sociedad israelí. En un país que enfrenta amenazas militares constantes y una guerra prolongada en Gaza, la exigencia de igualdad en el servicio nacional es más urgente que nunca.
Sin embargo, el choque entre el deber ciudadano y la libertad religiosa sigue sin resolverse. Mientras los líderes ultraortodoxos presionan para conservar sus privilegios, otros sectores exigen un nuevo contrato social basado en la equidad y la corresponsabilidad.
La solución a esta crisis no será fácil ni rápida. Requerirá diálogo, compromiso y, sobre todo, la capacidad de los líderes israelíes para pensar más allá de los intereses partidistas. Porque el futuro de Israel —como sociedad unida y democrática— depende de que todos sus ciudadanos, sin excepción, compartan las cargas de vivir y defender un Estado en permanente construcción.